En el marco de la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo mediante Ley N° 29815, se promulgo el Decreto Legislativo N° 1104, con la finalidad de mejorar la regulación sobre la recepción, calificación, custodia, seguridad, conservación, administración, asignación en uso, disposición, subasta y, en su caso, devolución de bienes incautados, así como aquellos involucrados en la pérdida de dominio.

Para ello se creó la Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI, como único órgano encargado de la recepción, administración y disposición de los bienes incautados, decomisados y declarados en pérdida de dominio por la comisión de delitos en agravio del Estado, centralizando las labores que antes se encontraban repartidas en distintas entidades públicas.

Así, tenemos que por disposición del citado Decreto Legislativo la CONABI asume el objeto, bienes, presupuesto y competencias del Fondo Especial de Administración de Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado – FEDADOI; la Comisión de Administración de Bienes Incautados y Decomisados – COMABID, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas – OFECOD, del Ministerio del Interior.

Inicialmente, la CONABI se constituyó como un órgano adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 061-2016-PCM, se dispuso la fusión por absorción de la CONABI, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encontrándose en proceso de implementación.

Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 011-2017-JUS se creó el Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el objeto de recibir, registrar, calificar, custodiar, asegurar, conservar, administrar, arrendar, asignar en uso temporal o definitiva, gestionar la disposición y venta en subasta pública, de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias generadas por la comisión de delitos en agravio del Estado a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 1104, así como los contemplados en las normas ordinarias o especiales sobre la materia, como el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, delitos aduaneros, defraudación tributaria, concusión, peculado, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, delitos ambientales, minería ilegal y otros delitos y acciones que generen efectos o ganancias ilegales, con la finalidad de asegurar la ejecución de la consecuencia jurídico – patrimonial declarada por la autoridad jurisdiccional a favor del Estado, precisándose que todas las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo Nº 1104, que hacen referencia a la Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI, deberá entenderse al Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI, en lo que sea aplicable y no lo contradiga.